Desarrollo Internacional de la Huella de carbono Francia

En Francia, al igual que en Inglaterra, el cambio climático ha cobrado gran relevancia y reconocimiento por la ciudadanía, lo que derivó en las leyes “Grenelle de l’environnement” (“Grenelle1”, aprobada en octubre del 2008 y “Grenelle2”, aprobada en octubre del 2009). Estas apuntan a una economía y gestión sostenible. Involucra en esta lucha contra el calentamiento global a los actores económicos y, a través de la información, a los consumidores.

 

La ley “Grenelle2” señala:

  • Las empresas con más de 500 empleados y colectividades territoriales de más de 50.000habitantes tienen la obligación de calcular su huella de carbono a partir del 2010;
  • Desde el 1 de enero del 2011 es obligatorio informar los impactos ambientales de los productos, principalmente de la huella de carbono por medio del etiquetado de éstos.

Para estos propósitos, la Agencia para el Medio Ambiente y el Control de la Energía (ADEME) y la Asociación Francesa de Normalización (AFNOR) elaboraron un referencial de buenas prácticas con miras a armonizar el etiquetado ambiental que permitirá al consumidor orientar sus decisiones de compra.

Por otra parte, la ADEME elaboró e implementó a partir del 2004 una herramienta metodológica, llamada Bilan Carbone™, para la medición de emisiones de GEI. Ampliamente difundida y utilizada en Francia y en algunos países limítrofes, caracteriza el marco general francés en términos de medición de huella de carbono. El éxito de difusión del uso de dicho instrumento se debe, además de a su perfil nacional e institucional, al hecho de que el Gobierno francés otorga subvenciones a las entidades que realizan la medición de huella de carbono con este método.

En 2009 se realizaron 1.885 Bilan Carbone™, de las cuales 1.600 abarcaron a empresas, 200 a colectividades territoriales y 85 a administraciones. Los registros fueron aumentando desde 2007, con 220 y, en 2008, con 1.200.

Cabe resaltar, además, que el Gobierno galo propuso una ley de implementación de impuesto al carbono en los combustibles fósiles. Establece que tanto empresas como consumidores deben pagar un impuesto por cada unidad de volumen de combustible adquirido, lo que crearía como beneficio para los mismos un fondo para financiar iniciativas de eficiencia energética.

Esta ley debió haber sido implementada el 1 de enero del 2010, pero volvió al proceso de elaboración por solicitud del Consejo Constitucional. El Estado, después de la presentación de un proyecto de ley modificado, decidió esperar la puesta en marcha de un impuesto de esta naturaleza dentro de sus fronteras hasta que se implementará la misma medida a nivel europeo sobre los productos de importación. Francia es uno de los países europeos que ejerce mayor presión para la aplicación de un impuesto al carbono en las fronteras de la Unión Europea, como medida de reducción de las emisiones de GEI a través del castigo a los productos que emiten más GEI que otros similares.

Al igual que en Inglaterra, en Francia está en progreso un importante proceso voluntario a nivel de los consumidores y de empresas (empresas minoristas como Casino y Leclerc ya implementaron el etiquetado de carbono en productos de marca propia). Este proceso responde, por un lado, a presiones ciudadanas y, por otro, a anticiparse a las legislaciones, como la ley Grenelle 2 o a la obligación de las empresas de cumplir con cuotas de emisiones en el marco del Protocolo de Kioto. En cualquier caso, se aplican “estrategias carbono” para la medición de la huella y la implementación de medidas de reducción y compensación. Las empresas utilizan principalmente la metodología Bilan Carbone™.

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